El retorno de la detención familiar
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A principios de febrero, Elora Mukherjee, quien dirige uno de los consultorios jurídicos líderes en derechos de los inmigrantes del país, en la Facultad de Derecho de Columbia, me contó sobre una de sus clientas detenida en el sur de Texas. La clienta, explicó Mukherjee, se encontraba en medio de una crisis médica que ponía en riesgo su vida. Por si fuera poco, tenía dieciocho meses. Bebé Amalia, como la llamaba Mukherjee, había sido trasladada a un hospital de San Antonio con niveles de oxígeno críticamente bajos. Había pasado más de una semana en cuidados intensivos, donde ella y su madre habían sido vigiladas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Tras recibir el alta del hospital, la niña fue enviada de regreso al lugar donde casi había muerto: el Centro de Procesamiento de Inmigrantes de Dilley, donde muchos niños padecían enfermedades respiratorias graves. “Los médicos le recetaron a Amalia un medicamento para nebulizar”, me dijo Mukherjee, pero cuando la niña y su madre regresaron a Dilley, “los oficiales se llevaron esos medicamentos”. (Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional dijo que cualquier afirmación de que Amalia “no recibió su medicación o el tratamiento médico adecuado” es falsa).
Durante meses, he investigado cómo el sufrimiento de los menores de edad, incluidos los bebés y los niños pequeños, se ha convertido en un elemento central de la estrategia de control migratorio del gobierno de Donald Trump. En Chicago y en Portland, Oregón, agentes federales han disparado munición química contra niños. En Idaho, examiné pruebas de que unos niños habían sido detenidos en una redada migratoria masiva y violenta, llevada a cabo durante una carrera de caballos que podía ser vista en familia, y sus muñecas habían sido atadas hasta que les salieron moretones o sangraron.
Cuando los cuerpos de los niños sufren las peores consecuencias de las medidas federales de control migratorio, no se trata simplemente de daños colaterales. En los primeros días del segundo mandato de Donald Trump, su gobierno emitió una serie de medidas ejecutivas que, en la práctica, orientaron las acciones de control migratorio hacia los niños. Durante el mandato de Joe Biden, el Departamento de Seguridad Nacional (D.H.S.) había designado “zonas protegidas”, en las que se desaconsejaba a el ICE y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (C.B.P.) llevar a cabo operaciones; entre ellas se incluían lugares “donde se reúnen los niños”. El D.H.S. de Trump revocó esa designación, dando vía libre a los agentes para actuar contra niños, padres y cuidadores en parques infantiles, guarderías y escuelas. (En marzo, los demócratas en el Congreso publicaron un informe que documentaba cuarenta y dos incidentes de este tipo en o alrededor de “escuelas, paradas de autobuses escolares y guarderías”, con “consecuencias devastadoras para los niños que aprenden y son cuidados en estos lugares”). De manera similar, la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración de Trump anuló un memorándum de la era Biden que instaba a los jueces de inmigración a adoptar “procedimientos en tribunales adaptados a los niños”. Más tarde, una nueva iniciativa del ICE instó a los agentes a localizar a los niños migrantes no acompañados, aparentemente para asegurarse de que no fueran víctimas de tráfico, pero también, en muchos casos, para deportarlos. “El hilo conductor real es un esfuerzo estratégico y coordinado dirigido específicamente a los niños, con el objetivo de hacer la vida tan insoportable para las familias migrantes en cada punto de contacto que sientan que no tienen más remedio que irse”, me dijo Kica Matos, presidenta del Centro Nacional de Leyes Migratorias, una organización defensora de los derechos de los migrantes.
El daño causado a los niños queda especialmente patente en la reactivación y ampliación, por parte del gobierno de Trump, de la detención familiar en Dilley, donde Amalia y más de cinco mil otros niños y padres han permanecido recluidos durante el último año. En un informe publicado el 1 de abril, Human Rights First y RAICES —dos importantes organizaciones sin fines de lucro que trabajan en defensa de los derechos de los inmigrantes— ofrecen un análisis detallado de lo que denominan una “nueva era de prisiones familiares del ICE”. Basándose en entrevistas con treinta y cinco familias que han pasado tiempo durante el último año en centros de detención familiar y en más de trescientos casos legales en los que RAICES ha representado a solicitantes de asilo, el informe describe más de una docena de separaciones familiares llevadas a cabo por las autoridades de inmigración de los Estados Unidos desde que Trump volvió al cargo; la mayoría de los incidentes ocurrieron en Dilley. También alega que importantes violaciones del debido proceso han derivado en la deportación sumaria de niños y familias con casos de asilo creíbles. Adicionalmente, documenta casos de negligencia médica generalizada hacia los niños, incluidos los bebés, bajo el cuidado de CoreCivic, el contratista privado que opera Dilley, que reportó ingresos totales de más de dos mil millones de dólares el año pasado. Faisal al-Juburi, codirector ejecutivo de RAICES, me dijo: “En este momento, la atroz negligencia médica por sí sola, aislada de todos los demás horrores, podría considerarse una clara evidencia de daño intencional”. (El D.H.S. afirmó que todos los detenidos gozan de garantías procesales y reciben atención médica adecuada. La agencia también negó que el ICE tenga como objetivo a los niños).
Este mes de enero, la población promedio diaria en Dilley superó las novecientas personas. Para mediados de marzo, había bajado a menos de cien, pero luego volvió a aumentar. Robyn Barnard, coautora del informe y directora sénior de defensa de los refugiados en Human Rights First, me dijo: “No hay indicios de que planeen reducir la actividad en Dilley”. Ella sabía de al menos dos familias en el centro que llevaban allí más de cien días, más de cinco veces el límite legal para mantener a un niño en detención migratoria, según lo establecido en el llamado Acuerdo Flores. “Si estos son los horrores de los que sabemos, ¿cuáles son los que aún no conocemos?”, preguntó. También señaló que, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, muchas de las familias detenidas en Dilley habían echado raíces en los Estados Unidos. A principios de abril, hablé con una familia india de cuatro miembros que había vivido en el área de Los Ángeles desde 2022; cuando hablamos, llevaban casi cincuenta días retenidos en Dilley. El padre, Jagdish, me contó que uno de sus hijos vomitaba y el otro tenía heces con sangre; ambos estaban deprimidos. “El sufrimiento es demasiado grande”, dijo.
Amalia y sus padres, Stiven Arrieta Prieto y Kheilin Valero Marcano, fueron puestos en libertad a principios de febrero. Durante su primer fin de semana fuera del centro de detención, Prieto y Marcano se sentaron a hablar conmigo en la casa de un patrocinador, acompañados por Mukherjee y tres estudiantes de derecho que habían trabajado hasta altas horas de la noche para lograr su liberación. “Quiero ser portavoz de esas mujeres que también están en el centro de detención con niños, viendo y padeciendo el mismo desespero y ansiedad de no saber qué va a pasar con ellos”, me dijo Marcano. “Para que no pierdan la esperanza. Para que no sigan viviendo ese calvario”.
Amalia era una niña sana el pasado 11 de diciembre, cuando fue detenida junto con sus padres por agentes de inmigración en El Paso. Prieto y Marcano habían crecido en Venezuela, un país del que nunca habían querido marcharse. Pero en 2024 solicitaron asilo en los Estados Unidos alegando que se habían opuesto al régimen de Nicolás Maduro y enfrentaban persecución.
Cumplieron con todos los requisitos establecidos por el gobierno de Biden. Al llegar a la frontera sur, se inscribieron para una cita con la C.B.P. Luego esperaron meses en México, tiempo durante el cual Marcano dio a luz a Amalia. La familia recibió una fecha de corte en un tribunal de inmigración en 2027 y le fue concedido el parole humanitario, un estatus que les permitía vivir legalmente en los Estados Unidos hasta comparecer ante el tribunal.
La familia se mudó a El Paso, donde encontró un parque infantil que a Amalia le encantaba y una iglesia muy unida. Amalia aprendió sus primeras palabras: “mamá”, “papá” y “agua”. Pero en 2025 el gobierno de Trump intentó eliminar muchas formas de protección migratoria para los solicitantes de asilo, incluidos los programas de parole humanitario, y comenzó a detener a familias que esperaban su oportunidad de comparecer ante un juez. (“La ley exige que quienes solicitan asilo ilegalmente sean detenidos en espera de una posible expulsión”, me dijo un portavoz del D.H.S.). A principios de diciembre, se le indicó a Prieto que se presentara a una cita de control migratorio en una fecha anterior a la solicitada inicialmente por el ICE y que llevara a su familia. Él obedeció. En la cita, Prieto, Marcano y Amalia fueron arrestados. No se les proporcionaron órdenes de arresto ni ningún documento que explicara por qué estaban siendo detenidos. Amalia lloró después de que la familia fue subida a una camioneta llena de otros padres y niños pequeños. “¿Por qué nos detuvieron?”, preguntó Prieto a los agentes de inmigración. Recordó que un agente respondió: “Esa es la Administración. A nosotros nos pagan por deportarlos a ustedes”.
Cuando la familia llegó a Dilley, notaron que el agua olía raro. En el comisariato, Prieto compró paquetes de agua embotellada, que reservaron para Amalia. (RAICES y Human Rights First señalan que las familias en Dilley describen habitualmente el agua como “sucia, maloliente y que causa dolores de estómago”; el informe señala que el agua embotellada debe comprarse, a pesar de que a los detenidos normalmente se les ha privado de cualquier fuente de ingresos). En la cafetería, me contó Marcano, “una de las muchachas le consiguió un bicho a una de las carnes de hamburguesa y nos lo enseñó a todos. Los niños no comieron ese día”. Después, recordó Marcano, “empezaron los niños a enfermarse”. (CoreCivic dijo que las inspecciones han confirmado que el agua en Dilley es “segura y limpia para el consumo” y que no hay registro de que se haya sacado ningún bicho de la comida en las instalaciones).
El 1 de enero, a Amalia le dio una fiebre alta. Al día siguiente, Marcano la llevó a la clínica de Dilley; me contó que alguien del personal le recetó ibuprofeno a Amalia. Lo mismo ocurrió al día siguiente. “Dijeron que la fiebre era buena, que era porque ella estaba combatiendo el virus”, recordó Marcano. Pero la fiebre no bajaba y Amalia estaba claramente sufriendo. Después de casi dos semanas, comenzó a vomitar y a tener diarrea.
A menudo, Marcano tenía que hacer fila durante horas con su hija enferma para asegurarse de que el equipo médico de Dilley atendiera a Amalia. Me contó que hizo fila al menos ocho veces, solo para que el personal restara importancia a sus preocupaciones. Un día, después de que Marcano intentara bajarle la fiebre a su hija con un baño frío, Amalia perdió el conocimiento. Marcano regresó a la clínica y gritó: “¿Van a esperar a que mi hija se muera en mis brazos?”.
La detención familiar no es exclusiva del gobierno de Trump. George W. Bush inauguró el primer centro de detención familiar a gran escala y con fines de lucro, aunque resultó de corta duración debido a problemas legales e indignación pública. El gobierno de Barack Obama revivió el concepto en 2014 al abrir campamentos de detención para familias, incluido el de Dilley, para hacer frente a la afluencia de solicitantes de asilo procedentes de Centroamérica. En un evento que marcó la inauguración de Dilley, Jeh Johnson, entonces secretario de Seguridad Nacional, describió el centro de detención como un “factor disuasivo eficaz” contra el aumento de los cruces fronterizos por familias. Para el verano de 2015, según un informe de prensa, el centro albergaba a más de mil setecientas personas, de las cuales unas mil eran niños. Cuando entrevisté por primera vez a Mukherjee sobre Dilley, hace años, ella estaba ayudando a coordinar una iniciativa para proporcionar representación legal gratuita a las familias allí recluidas. En aquel entonces, Mukherjee llevaba a sus estudiantes de derecho en un viaje anual a Dilley; algunos de ellos lo llamaban “spring break en la cárcel de bebés”.
Durante el gobierno de Obama, las denuncias de negligencia en Dilley eran frecuentes. Escribí sobre una clienta de Mukherjee, una solicitante de asilo hondureña llamada Suny Rodríguez, que había permanecido detenida allí durante cuatro meses, junto a su hijo de siete años, en violación del Acuerdo Flores. En un tribunal federal, ambos alegaron que fueron sometidos a “condiciones inhumanas” (incluyendo el hecho de que no le prestaran atención al asma y la pérdida de peso del hijo de Rodríguez), presionados para que se autodeportaran y amenazados con la separación familiar, por lo que llegaron a un acuerdo judicial. De manera similar, un grupo de diez madres presentó denuncias formales en 2016, alegando una atención médica deficiente mientras eran custodiadas por el D.H.S. Una de esas madres señaló: “Pensé que había venido a este país para escapar del abuso, el maltrato y la falta de respeto. Pero aquí es lo mismo”.
Durante el primer mandato de Trump, la detención de familias se disparó, y también lo hicieron los relatos de horrores médicos en Dilley. En la primavera de 2018, un niño pequeño de Guatemala contrajo una infección respiratoria allí y murió seis semanas después de ser liberado; luego, entre septiembre de 2018 y mayo de 2019, seis niños murieron bajo custodia migratoria en Estados Unidos, después de casi una década sin ninguna muerte de este tipo. Durante el mandato de Biden, se cerró el centro de detención de Dilley. A los solicitantes de asilo se les permitió, en gran medida, esperar sus citas judiciales fuera de los centros de detención, y a muchos, como a la familia de Amalia, se les concedió un parole humanitario.
El segundo gobierno de Trump reabrió Dilley en marzo del año pasado. Para el 16 de enero de 2026, más de quinientos cincuenta niños se encontraban recluidos en centros de detención del ICE, según datos gubernamentales analizados por The Marshall Project. Recientemente, las familias detenidas en Dilley proceden de países como Afganistán, China, Colombia, Haití, Rusia y Uzbekistán. A menudo, me dijeron Juburi y Barnard, se ha pedido a los niños de países donde no se habla español que traduzcan para sus padres durante intercambios de alto riesgo con los oficiales del ICE, debido a los limitados servicios de interpretación de Dilley.
Según Barnard, el centro no solo ha amenazado con separar a las familias, sino que también lo ha hecho. “Muchas de las familias que entrevistamos contaron que las amenazaron diciendo que, si no seguían sus órdenes, las separarían de sus seres queridos ”, dijo.
En un caso, un niño de once años y sus padres huyeron de Mongolia y volaron a Chicago con la intención de solicitar asilo. El D.H.S. envió a la familia a Dilley, donde los funcionarios, al carecer de un traductor, supuestamente le pidieron al niño que informara a sus padres que el ICE tenía la intención de separarlo de ellos. Los padres fueron esposados y enviados a un centro de detención para adultos; al niño lo trasladaron a un refugio federal como menor no acompañado. “Estoy devastada”, dijo la madre en una declaración oficial. “Los oficiales del ICE no me han explicado nada”. La familia solo se reunió dos meses después, para ser deportada de regreso a Mongolia.
En otro caso, una mujer china de treinta y siete años y su hijo de diez años solicitaron asilo en la frontera de San Diego. Los llevaron al aeropuerto, donde, según ella, los agentes le dijeron que podía aceptar ser deportada a China junto con su hijo o ser forzada a regresar sola y que le “quitaran” a su hijo. Ella se resistió físicamente y un agente la arrastró brevemente. (En una declaración jurada, relató que uno de los agentes le dijo: “¡Joder! ¡Vas a regresar a China en un avión militar!”). La madre y su hijo fueron enviados a Dilley. Allí, según los registros de RAICES, fueron separados oficialmente: el hijo fue enviado, solo, a un refugio federal en Nueva York, mientras que ella fue enviada a centros de detención, primero en Nueva Jersey, y luego en Texas y Nuevo México. A principios de abril, los dos seguían separados.
A menudo, las amenazas de separación familiar van de la mano de la negligencia médica, me contó Juburi, para persuadir a las familias a que acepten ser deportadas. Describió el caso de una mujer y su hija de cinco años, detenidas en una redada del ICE en Chicago el pasado septiembre y luego trasladadas a Dilley. La madre, dijo, tenía quistes ováricos y, como no pudo acceder a su medicación habitual mientras estuvo en Dilley, sufrió sangramiento profuso; aceptó la “salida voluntaria” con su hija porque no quería morir por pérdida de sangre delante de ella. Juburi dijo que su equipo ha representado a muchas familias que han aceptado la deportación solo en el contexto de una grave negligencia médica. “Los padres emprenden estos viajes a Estados Unidos que ponen en peligro sus vidas por el bien de sus hijos, por la seguridad de sus hijos, y por eso este gobierno es muy consciente de esa psicología paternal, de que los padres harían cualquier cosa para asegurarse de que a su hijo no le pase nada malo”, me dijo. “Las evidencias recabadas en Dilley apuntan a la instrumentalización de ese instinto primitivo”.
En un momento dado, cuando Amalia estaba muy enferma, un agente del ICE se acercó a Prieto y Marcano y los presionó para que firmaran documentos que no podían entender. Mukherjee me dijo más tarde que se trataba de una moción para retirar su solicitud de admisión a Estados Unidos. “Sintieron que no tenían más remedio que firmar”, dijo. “Si no hubiéramos intervenido, habría resultado en su deportación”.
Unos días después del incidente en el que Amalia perdió el conocimiento, Marcano la llevó de nuevo a la clínica de Dilley. Un miembro del personal midió la saturación de oxígeno en sangre de Amalia —que, en una persona sana, oscila entre el noventa y cinco y el cien por ciento— y descubrió que apenas superaba el cincuenta por ciento. “Si el nivel de oxígeno que llega al cerebro es tan bajo, y se mantiene así por suficiente tiempo, puede destruir partes del cerebro; es algo realmente muy grave”, me dijo Prantik Saha, un pediatra que revisó el expediente médico de Amalia. “Es chocante que pudiera darse este nivel de insensibilidad y falta de cuidados médicos”. Amalia fue trasladada a un hospital local, donde quedó claro que necesitaba una atención que superaba la capacidad del centro. La trasladaron a un hospital más grande en San Antonio, donde le dieron cinco diagnósticos: COVID-19, virus respiratorio sincitial, bronquitis, neumonía y una infección de oído. Recibió oxígeno suplementario y cuidados intensivos.
Mientras estaba en el hospital con su hija, Marcano a veces iba al baño y se arrodillaba en el piso a rezar “porque mi hija no se muriera”. Mientras cuidaba a Amalia, dos agentes del ICE las vigilaban en todo momento, incluso cuando su hija estaba amamantando. “No me dejaban sola ni un segundo”, me dijo Marcano. “Si entraba la enfermera, ellos agarraban el cuaderno para anotar, y si yo me movía a agarrar a la niña, ellos agarraban el cuaderno para anotar”.
Al segundo día en el hospital, las enfermeras amablemente le dieron a Marcano una bolsa con ropa y artículos de higiene para ella y Amalia. Un agente del ICE se enfrentó furioso a las enfermeras, me contó Marcano, y también la regañó a ella. “No sé por qué las enfermeras te están dando regalos como si fueras una mendiga”, Marcano recordó que él le había dicho. El agente añadió que debería estar agradecida por la costosa atención médica que su hija estaba recibiendo, y que “esas enfermeras no entendían que ellos eran nuestros protectores”.
Después de diez días, Amalia y su madre fueron enviadas de vuelta a Dilley. En ese momento, Mukherjee y su equipo se involucraron en el caso de Amalia. “En gobiernos anteriores, incluido el primer gobierno de Trump, cuando me encontraba con un niño detenido con necesidades médicas graves, casi siempre podía trabajar con el ICE para asegurar que el niño y los padres fueran liberados”, dijo Mukherjee. Pero, durante el último año, “en un caso tras otro, las solicitudes de parole que en el pasado normalmente habrían sido concedidas fueron ignoradas o denegadas”.
Cuando eso ocurría, Mukherjee enviaba una segunda solicitud urgente. Si era necesario, enviaba una tercera que incluía “testimonios médicos de expertos de gran prestigio en la materia, realizados bajo juramento”. Cuando eso resultaba infructuoso —como ocurrió en el caso de Amalia— recurría a colaborar con organizaciones como RAICES y el Texas Civil Rights Project, un grupo legal sin fines de lucro, para presentar una petición federal de hábeas corpus en la que se solicitaba al tribunal la liberación de la familia. En esencia, me dijo a principios de febrero, el ICE “ya no estaba considerando las necesidades humanitarias urgentes de un niño pequeño o un bebé de forma individualizada”.
Los niños mayores enfrentan sus propias penurias. Poco después de conocer a Amalia y a sus padres, entrevisté a una familia rusa de cinco miembros detenida en Dilley, que también estaba siendo representada por Mukherjee. La familia habló conmigo por videollamada desde Dilley. El miembro más joven, un niño de cuatro años llamado Konstantin, mostró un dibujo de un tren que acababa de hacer. “Dijo: ‘¡Este tren nos sacará de aquí!’”, me contó su madre, una exenfermera llamada Oksana. A su lado estaba sentado su hijo de trece años, Kirill, un talentoso pianista que pasó la entrevista con la cabeza entre las manos. La hija de once años de Oksana, Kamilla, comenzó la llamada sentada, pero se veía agotada; pronto se acostó en el piso, sin almohada. En Rusia, ella había formado parte de un grupo de danza. “Es una niña muy creativa y le encanta leer poesía”, me dijo su madre.
La familia, al igual que la de Amalia, había llegado a Estados Unidos de manera legal, en busca de asilo. Primero huyeron a México y luego se presentaron, el pasado 5 de octubre, en un puerto de entrada oficial en San Diego. Su sufrimiento, al igual que el de Amalia, comenzó de inmediato. Primero, fueron detenidos en un centro de la C.B.P., donde, según me contó Oksana, “tocábamos la puerta durante una hora solo para intentar que dejaran a nuestros hijos ir al baño”. El esposo de Oksana fue separado del resto de la familia y recluido en una celda individual, donde se enfermó con una fiebre alta. Pronto, toda la familia fue enviada a Dilley, donde el personal médico parecía mal equipado para tratar sus síntomas; Oksana vio al personal buscándolos en Google. Mientras tanto, Kamilla había desarrollado un dolor punzante en el oído. “Dijeron: ‘Todo parece estar bien’”, me contó Oksana sobre los funcionarios de admisión.
Al día siguiente, Oksana llevó a Kamilla al dispensario médico. Convencida de que su hija tenía una infección de oído, quería conseguir los antibióticos adecuados. No le hicieron caso, me contó, pero regresó al poco tiempo. Esta vez, recordó, un médico dijo que solo eran alergias y le dio antihistamínicos a Kamilla, diciéndoles: “¡Vinieron al estado más polvoriento!”.
“Yo estaba indignada”, me dijo Oksana. “¡Como exprofesional de la salud, sé distinguir entre una infección de oído y una alergia!”.
“Después de que armé un escándalo, la enfermera dijo: ‘Está bien, dale un antibiótico’”, contó Oksana. Para conseguir antibióticos y gotas para los oídos, Oksana y Kamilla tuvieron que hacer una larga fila al aire libre. “Estuvimos en la fila dos horas esa noche, en el frío, con mi hija con fiebre alta y dolor de oídos, hasta que por fin conseguimos las gotas”, dijo Oksana. Le pareció extraño que las gotas estuvieran en un vial sin etiquetar; estaba frío al tacto. Intentó calentar el vial con las manos antes de administrarle las gotas a su hija. “Pero los guardias dijeron: ‘¡Estás retrasando al resto de la fila, tienes que dárselas ahora mismo!’”, me contó Oksana. “Me intimidaron, así que lo hice, y de inmediato Kamilla empezó a llorar y a quejarse de un dolor agudo. Empezó a brotarle pus del oído”.
Oksana sacudió la cabeza mientras me lo contaba; Kamilla permanecía inmóvil en el suelo. “Lloró toda la noche”, continuó Oksana. “Después de ese tratamiento —si es que se le puede llamar así—, mi hija dijo: ‘No oigo por este oído’. Han pasado casi cuatro meses y todavía no ha recuperado por completo la audición”. Cuando hablamos, la familia llevaba más de ciento veinte días detenida, seis veces el límite legal.
Oksana me dijo que había llegado a la conclusión de que muchas personas en Dilley no estaban calificadas para administrar los servicios médicos que estaban brindando. Durante el primer mandato de Trump habían surgido preocupaciones similares sobre la atención médica en los centros de detención familiar. En 2023, investigadores afiliados a la Universidad de Harvard y al Hospital General de Massachusetts analizaron los expedientes médicos de ciento sesenta y cinco niños que habían estado recluidos en el centro de detención familiar del condado de Karnes, Texas, entre junio de 2018 y octubre de 2020. Según el informe, “parecían predominar los proveedores que ejercían fuera de su ámbito de competencia” y una “falta de conocimientos médicos específicos en pediatría, evidente en muchos expedientes médicos y en la documentación inadecuada del razonamiento médico”. Más recientemente, el informe de Human Rights First y RAICES denunció “patrones consistentes” en la atención médica en Dilley: “tratamientos retrasados y denegados, diagnósticos erróneos, emergencias ignoradas e interferencia directa en los tratamientos en curso”.
Al final de nuestra entrevista, Kamilla se levantó del suelo. Se animó cuando su madre describió la pequeña colección de libros en ruso que Kamilla había atesorado durante su detención, proporcionada por el centro: los cuentos de hadas de Pushkin, El mago de Oz, Alicia en el país de las maravillas y la obra de un poeta ruso llamado Kornéi Chukovski. Oksana parecía sentir una mezcla de orgullo y desolación mientras hablaba de la curiosidad literaria de su hija. Me dijo: “Kamilla cumple doce años mañana”. Añadió que recientemente una mujer había sido puesta en libertad el día de su cumpleaños. “Así que se le metió en la cabeza que el ICE da regalos de cumpleaños y que tal vez mañana, por ser su cumpleaños, la pondrán en libertad”. Oksana tuvo que insistirle a Kamilla para que no esperara que los liberaran de inmediato. Me dijo: “Siempre había escuchado que Estados Unidos es maravilloso con los niños y que aquí hay mucho amor y cariño hacia ellos”. Continuó: “Así que estamos desconcertados. ¿Acaso esto no es Estados Unidos?”.
Yo sabía que la pronta liberación de la familia no era imposible. A diferencia de muchos otros detenidos, contaban con un equipo legal experto. La noche del 6 de febrero, Mukherjee me informó de que, tras cincuenta y siete días de detención, Amalia y sus padres habían sido liberados de Dilley. Un miembro del personal había llevado a la familia en auto durante más de una hora hasta Laredo y los había dejado en un refugio para migrantes, sin devolver el acta de nacimiento de Amalia, su cartilla de vacunación ni los medicamentos que le habían recetado en el hospital. (La familia eventualmente recibió copias de los documentos, tras realizar múltiples solicitudes). Se dirigieron a la casa de su patrocinador en California, donde Amalia encontró globos esperándola, junto con una caja de música y un tren de juguete.
Cuando hablé con la familia, dos noches después, por Zoom, se veían eufóricos, sentados en un cómodo sofá rojo, con Amalia acurrucada en los brazos de su madre. Marcano llevaba el pelo trenzado y sonreía a menudo. Después de una hora, más o menos, Amalia se quedó dormida. “Los globos que le dieron de recibimiento, como están suspendidos en el aire, a ella le encantan”, dijo Marcano, mientras acunaba a la niña dormida.
Poco después de esa conversación, Mukherjee me envió más noticias: la familia de Oksana también iba a ser puesta en libertad. Pronto, me dijo, los cinco estarían de camino a la casa de un patrocinador, también en California. Ella interpretó este avance como una señal de progreso; cada vez más, ha logrado sacar a las familias de la detención tras dos o tres solicitudes de parole. Aun así, Mukherjee me dijo: “Literalmente todos los días recibo llamadas de familias detenidas en Dilley que necesitan ayuda. Es una situación horrible tras otra”.
Cuando hablé con la familia india de cuatro miembros en Dilley, Guri, de doce años, me dijo que extrañaba jugar al fútbol en su escuela en Los Ángeles. Ahora, dijo, se sentía como “un pájaro en una jaula: solo te dan de comer y te mantienen aquí, como si estuvieras atrapado”. Su hermana, Manpreet, una genia de las matemáticas de once años, había estado en la clínica la noche anterior, buscando ayuda porque estaba vomitando, pero la habían rechazado. Ese incidente y otros similares la enfurecieron: “Es como cuando te encierran en un lugar y no puedes moverte a ningún lado y ni siquiera tienes un poquito de libertad”. Poco después, sus padres comenzaron a llorar. “Antes de estar aquí, mi hija hablaba con normalidad, pero ahora se pone agresiva”, me dijo su padre. Ver a sus dos hijos luchar contra el confinamiento y la negligencia médica había sido, dijo, una forma de “tortura mental”.
Hace poco busqué información sobre Kornéi Chukovski, cuya poesía Kamilla había estado leyendo. Descubrí que una de sus series tiene como protagonista a un personaje llamado Doctor Aibolit —que podría traducirse más o menos como “Dr. Ay, duele”—, que se dedica a curar a los animales. Cuando se enfrenta a una emergencia médica, el doctor Aibolit actúa con destreza y compasión: “No hay problema”, exclama en un poema. “¡Tráemelo para acá!”. Una madre liebre está tan contenta que, en un momento dado, se ríe y grita: “¡Bueno, gracias, Aibolit!”.
Pude ver por qué a Kamilla le había encantado Chukovski, y no solo por su sentido del humor. Les envié a ella y a su madre uno de los poemas que había encontrado traducido. Cuando el doctor se entera de que hay animales jóvenes enfermos de cólera, apendicitis, malaria y bronquitis, corre a toda prisa por campos, bosques y montañas para atenderlos. Al final del poema, una de las criaturas exclama: “¡Gloria, gloria… Gloria a los buenos doctores!”. ♦
(Traducción de inglés a español por Sabrina Duque.)
Este artículo fue publicado en inglés, en la edición impresa del 20 de abril de 2026, con el título “No Mercy”.
Sarah Stillman, escritora de planta, ganó un Premio Pulitzer en el 2024 por su investigación sobre la doctrina jurídica de “felony murder” (homicidio en la comisión de un delito grave). Dirige el Laboratorio de Periodismo de Investigación de Yale y fue seleccionada como MacArthur Fellow en 2016.